El Congreso de los Diputados aprueba la modificación de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados

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(ASEGRE) Ayer el Congreso de los Diputados dio luz verde al Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (tramitado como Proyecto de Ley) que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo.

Tras varias votaciones, los diputados aprobaron el jueves 29 de noviembre las cuatro enmiendas propuestas en el Senado tras el paso de la nueva normativa por la Cámara Alta.

Como ya anunció el Gobierno hace unos meses, con estas medidas se pretende lograr una gestión más eficiente de los recursos, orientándose hacia la simplificación y agilización administrativa y evitando duplicidades en la gestión. Todo ello bajo los principios de eficiencia, eficacia, unidad, seguridad jurídica y abaratamiento de los costes.

Además de cambios y añadidos en la normativa referente a patrimonio cultural, aguas y derechos de emisiones, las medidas aprobadas incluyen algunas novedades en materia de residuos y suelos contaminados, que entrarán en vigor una vez sea publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado.

En materia de residuos, además del establecimiento de que los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) sean voluntarios y no obligatorios, se contemplan algunas medidas concretas para los gestores de residuos peligrosos. Entre ellas, la posibilidad de que las notificaciones de traslados de residuos dentro del país sean generales con la duración que reglamentaria que se determine o referidas a traslados concretos, o la de priorizar que el tratamiento completo de los residuos reciclables se realice dentro de la Unión Europea.

Como representante de los gestores de residuos peligrosos, Asegre hubiera deseado un mayor control sobre la figura del negociante, que es unintermediario entre el productor y el gestor de los residuos. El negociante asume la titularidad del residuo sin necesidad de autorización, tal y como se demanda a nuestro sector. Asegre también desea llamar la atención sobre la obligación que tiene el negociante de acreditar al productor que el residuo se ha sometido a una operación completa de tratamiento. El papel del negociante tras la modificación de la ley es una cuestión que preocupa tanto a los productores de residuos como a los gestores.

El reto a partir de ahora será el desarrollo reglamentario y su aplicación, y para esto la Comisión de Coordinación tiene un papel fundamental para lograr una política común de residuos en todo el territorio.

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