La garantía de gestión de residuos con carácter urgente, en el decreto ley de residuos valenciano

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La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha comparecido ante Les Corts para defender ante el pleno la propuesta y el contenido del Decreto-Ley de modificación de la Ley Autonómica de Residuos, que establece la aplicación de medidas urgentes para garantizar la correcta gestión de residuos municipales. El decreto fue aprobado por el Conselll hace dos semanas. 

Concretamente, se van a modificar los artículos 6 (competencias Municipales), 8 (competencias de la Generalitat) y 33 (tramitación Proyecto de Gestión) de la Ley 10/2000, de Residuos de la Comunitat Valenciana. La propuesta que el Consell ha presentado a Les Corts, como medida de extraordinaria y urgente necesidad, ha sido aprobada con los votos de los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Podemos. 

Este decreto ley, ha subrayado la consellera, no tiene por objeto planificar la gestión general de residuos urbanos o municipales, sino que "sienta las bases para garantizar servicios públicos esenciales en materia de residuos con carácter de urgencia", a la vez que contribuirá a superar situaciones de precariedad heredadas que han estado marcadas con el sello de la corrupción". 

Legalmente corresponde a la Administración de la Generalitat la coordinación de todas las actuaciones que se desarrollan en materia de gestión de residuos 

La modificación es necesaria porque, junto a la posibilidad de requerir a las entidades locales el cumplimiento de las obligaciones que legalmente le corresponden, ha de contemplarse expresamente la actuación inmediata de la Generalitat, en sustitución de la correspondiente entidad local o consorcio, cuando se produzcan situaciones con posibilidad de afecciones ambientales o de riesgo de salud para la población en general. 

"Estamos obligados a adoptar, con carácter excepcional, medidas urgentes y específicas que permitan diseñar las actuaciones técnicas y organizativas que garanticen la correcta gestión de los residuos", ha advertido Elena Cebrián. Para poder actuar con rapidez ante este tipo de situaciones, se considera necesario habilitar la actuación de los medios propios de la Generalitat Valenciana y por ello se contempla la posibilidad de que la Sociedad Mercantil VAERSA y sus sociedades filiales puedan ser medio propio instrumental y de servicio técnico de los consorcios y entidades locales que así lo decidan. 

Según se deriva de los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, son los municipios los que tienen competencia en los servicios de recogida de residuos y, en aquellos de más de 5.000 habitantes, también de su tratamiento, "lo que les obliga a prestar servicios públicos de recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos que se generan en hogares, comercios, restaurantes, etc". 

Para cumplir con estas obligaciones los municipios constituyen consorcios con participación de las localidades incluidas en el ámbito territorial del correspondiente plan zonal, las diputaciones provinciales y la propia Generalitat. 

Legalmente corresponde a la Administración de la Generalitat la coordinación de todas las actuaciones que se desarrollan en materia de gestión de residuos, así como la colaboración con las administraciones locales para velar por la adecuada prestación de los servicios municipales obligatorios. 

A día de hoy, todavía existen zonas del territorio de la Comunitat Valenciana que carecen de proyectos de gestión aprobados por parte del consorcio o de la entidad local correspondiente. En otros casos, el consorcio ha rescindido el contrato adjudicado en virtud del proyecto de gestión aprobado, como sucede con la Zona A6, correspondiente a la comarca alicantina de la Vega Baja, en la que no existe ninguna instalación operativa de transferencia, valorización ni eliminación de residuos urbanos. 

En otros supuestos, las instalaciones no se encuentran operativas por no estar construidas o por cuestiones técnicas graves que impiden su funcionamiento normal. La provincia de Alicante es especialmente problemática en este campo.

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