Multa de 15.000 euros a dos empresas por el vertido no autorizado de residuos en Valdemoro

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Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas de todo el Estado español. Forma parte del llamado ecologismo social.
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  • Multa 15.000 euros dos empresas vertido no autorizado residuos Valdemoro

El procedimiento sancionador incoado por la Comunidad de Madrid debido a una supuesta infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por hechos denunciados por Ecologistas en Acción, ha culminado con la imposición de una sanción económica a las dos empresas infractoras. El vertido masivo de residuos de construcción y demolición, que además deberán retirarse en el plazo de un mes, ocasionó a finales de 2015 la destrucción de un enclave con valiosas poblaciones vegetales, de cuyo riesgo de enterramiento había alertado la asociación ecologista. 

El Área de Disciplina Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente ha impuesto una multa de 15.000 euros por infracción calificada como grave a las empresas S.P.D. Monte Real S.L. y TRANSEXCADE S.L., por gestionar y verter sin autorización residuos de construcción y demolición (RCD) en una parcela situada en las inmediaciones del polígono industrial Valmor, al sur del término municipal.

El vertido de miles de toneladas de tierras procedentes de tareas de excavación y otros RCD dio como resultado el sepultado de varias decenas de tarays, un arbusto habitual de áreas encharcables, que poblaban la zona

Esta sanción es resultado del procedimiento instruido por las autoridades regionales tras las denuncias que Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro había presentado ante diversas instancias administrativas desde octubre de 2014. La resolución prueba que los hechos denunciados constituyen una infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, concretamente de su artículo 27, relativo a la autorización de las operaciones de tratamiento de residuos. Ninguna de estas dos empresas contaba con autorización para gestionar ni verter residuos de construcción y demolición. 

El vertido de miles de toneladas de tierras procedentes de tareas de excavación y otros RCD dio como resultado el sepultado de varias decenas de tarays, un interesante arbusto (o pequeño árbol) habitual de áreas encharcables, que poblaban la zona. El ritmo de vertidos se intensificó en diciembre de 2015, a raíz de la construcción del nuevo Mercadona de la calle Narciso Monturiol, cuyas tierras de vaciado de obra fueron a parar de forma masiva a este paraje. 

La asociación ecologista lamenta el papel jugado por el Ayuntamiento de Valdemoro a lo largo de todo este período de denuncias e irregularidades. A este respecto, sostiene que la Orden 2726/2009, de 16 de julio atribuye una responsabilidad directa a los Ayuntamientos en el control sobre la producción y destino de los residuos de construcción y demolición generados en el desarrollo de obras y actuaciones sometidos a intervención administrativa municipal previa. Sin embargo, si algo ha brillado por su ausencia ha sido precisamente cualquier tipo de supervisión municipal así como el mínimo cumplimiento de sus atribuciones. 

De esta manera, Ecologistas en Acción recuerda que la primera denuncia (de finales de 2014) tuvo lugar en tiempos en los que la concejalía de medio ambiente era dirigida por David Conde, quien para abundar en su habitual indolencia ante asuntos de su estricta competencia jamás ofreció respuesta alguna. Justo un año después (octubre de 2015), el Ayuntamiento emitiría un comprometido informe municipal que autorizaba al titular para rellenar la parcela “con tierras extraídas de vaciados de tierra natural”. La ausencia de control alguno a que la ley obliga sería aprovechada por los infractores para desalojar masivamente su excedente ilegal. Sin el seguimiento y vigilancia efectuados por la asociación valdemoreña las empresas infractoras habrían actuado con completa impunidad. 

Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro anuncia finalmente que insistirá tanto en aclarar el alcance de la responsabilidad municipal por el posible incumplimiento de la ley como en vigilar la obligación de retirar los residuos y efectuar su entrega a un gestor autorizado en el plazo de un mes.

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