Advertencia final a España por la gestión de residuos de varias regiones

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Sobre la Entidad

Comisión Europea
Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.
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La Comisión pide a España que establezca planes de gestión de residuos que abarquen todo su territorio, en consonancia con los objetivos de la normativa de la UE sobre residuos (Directiva 2008/98/CE) y con los principios de la economía circular. Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para reducir el impacto nocivo de la generación y gestión de los residuos sobre la salud humana y el medio ambiente y para mejorar la eficiencia de los recursos.

Los Estados miembros deben reevaluar sus planes de gestión de residuos al menos cada seis años y revisarlos según corresponda. Dada la importancia de dichos planes, la Comisión ha puesto en marcha procedimientos de infracción contra siete Estados miembros, entre ellos España. El plan de gestión de residuos español se revisó en 2015 para adaptarlo a los nuevos requisitos de la Directiva marco sobre residuos.

No obstante, dado que las Comunidades y las Ciudades Autónomas tienen la competencia principal en este ámbito, según la legislación española deben adoptar sus propios planes de gestión de residuos. Puesto que no todas ellas han adoptado un plan de gestión de residuos válido, la Comisión envió una carta de emplazamiento en noviembre de 2016 pidiendo a España que adoptara las disposiciones necesarias en esta materia. Hasta la fecha, faltan todavía los planes de gestión de residuos de las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, las Islas Canarias y Madrid y de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Además, las Comunidades Autónomas de Aragón y de Cataluña deberían revisar sus planes de gestión de residuos, ya que los adoptaron hace más de seis años. Por ello, la Comisión envía un dictamen motivado. España tiene dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión puede llevarla ante el TJUE.

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