El Congreso, en pie de guerra contra la obsolescencia programada de productos tecnológicos

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  • Congreso, pie guerra obsolescencia programada productos tecnológicos
  • Insta al Gobierno a poner en marcha medidas para reducir la generación de residuos

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La Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados aprobó este martes por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno a poner en marcha medidas contra la obsolescencia programada de los productos tecnológicos y para reducir la generación de residuos.

La iniciativa fue presentada por Enric Bataller, de Compromis, y obtuvo 35 votos a favor después de ser transaccionada con enmiendas de PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y PDECat.

Bataller explicó que "la obsolescencia programada acorta la vida útil de los productos tecnológicos de manera predeterminada por el fabricante o la empresa durante la fase de diseño, es decir, tras un periodo calculado desde su utilización, el funcionamiento del producto queda obsoleto, no funcional, inútil o inservible", con lo que "genera un excesivo consumo de recursos naturales".

El consumo anual de materias primas en España se sitúa en 60.000 millones de toneladas

Bataller defendió que la lucha contra la obsolescencia programada es "uno de los pilares hacia la transición ecológica y la economía circular", de manera que "el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos".

"En España, la huella ecológica es 2,9 veces mayor que la biocapacidad, es decir, se necesitan casi tres Españas para mantener el nivel de vida y población actuales. Y, si continuamos así, la evolución negativa nos llevará hacia antes del 2030 a que la humanidad consuma cada año el doble de los recursos anuales del planeta", añadió.

Dionisio García, del PP, aludió al reparto de competencias entre las administraciones públicas y destacó que el Gobierno ha puesto en marcha en los últimos años medidas sobre prevención de residuos y "contratación pública verde", si bien apostó por "fomentar el alargamiento de la vida útil de los productos a través de su reparación, reutilización y disponsibilidad de componentes y piezas de repuestos".

Lidia Guinart, del PSOE, destacó que el consumo anual de materias primas en España se sitúa en 60.000 millones de toneladas, lo que supone a cerca de un 50% de recursos naturales más que hace 30 años y tiene consecuencias medioambientales, económicas y sociales, puesto que "las personas que más sufren son las más desfavorecidas, que no pueden pagar más por productos sostenibles".

Por su parte, Jorge Luis, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ensalzó la economía circular para que no haya residuos "porque en la naturaleza no existe el concepto de residuo" y apostó por la "ética productiva" en la elaboración de los productos tecnológicos.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, indicó que "en ocasiones parece más económico usar y tirar que reparar y reutilizar", con lo que defendió abordar la obsolescencia programada y los residuos tecnológicos haciendo recaer sobre el fabricante la reparación de los productos, no sobre el vendedor.

La proposición no de ley pide al Gobierno impulsar medidas efectivas de reducción de residuos

Medidas

La proposición no de ley pide al Gobierno impulsar medidas efectivas de reducción de residuos como la prohibición de la obsolescencia programada en el marco de la normativa comunitaria, el alargamiento de las garantías, la compra pública responsable y la promoción y el consumo de productos locales.

La Cámara Baja también insta a incentivar el uso de estándares abiertos y, en particular, incluirlo como principio en toda compra pública, así como la promoción de un 'hardware' adecuadamente documentado o libre, con el fin de hacer posible la reparación electrónica.

Además, los diputados piden al Gobierno que aplique los principios de la economía circular, residuo mínimo y la reducción, reutilización, reciclado y valorización en la gestión de residuos, y ponga en marcha, en coordinación con las comunidades autónomas, un sistema de información que construya datos fiables, contrastables, de dominio público, actualizados y actualizables en todo lo relacionado con la gestión de residuos y su reutilización.

Potenciar e impulsar con ayudas económicas a las empresas para la repración, la reutilización y el reciclaje de residuos, e impulsar a la mayor grevedad la adecuación de la legislación española vigente a la normativa europea en la materia, así como definir estrategias formativas y educativas encaminadas a acelerar una transición efectiva hacia la economía circular, son otros puntos incluidos en la proposición no de ley.

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