España suspende en la gestión de residuos

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  • España suspende gestión residuos
  • Pese a los esfuerzos y promesas por mejorar la gestión de los residuos, los vertederos incontrolados son la asignatura pendiente de España, que sigue sin estar a la altura de las exigencias de europeas.

Sobre el blog

Laura F. Zarza
Licenciada en Ciencias Ambientales. Comunicación y Marketing en iAgua. Escritora de ficción en el tiempo libre.
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La correcta gestión de los residuos es un problema cada vez mayor en España. Fruto del imparable incremento de los residuos generados y del aumento de sus consecuencias sobre el medio ambiente, España se enfrenta al importante reto de invertir esta tendencia mediante la optimización de dicha gestión. Pero, ¿cómo lo está haciendo?

Lo cierto es que la Unión Europea no está contenta con España en esta materia, y España tampoco debería estarlo porque la cosa viene de lejos: En 2007, la Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento contra España al detectar la existencia de 63 vertederos ilegales, que el país prometió cerrar y recuperar antes de 2012. Sin embargo, los progresos fueron más bien escasos y pese a que ya no estaban en funcionamiento, los vertederos seguían acumulando residuos, convirtiéndose en una amenaza para la salud humana y el medio ambiente. A este respecto, en 2014 Bruselas decidió emitir un dictamen motivado (la última fase antes de trasladar el caso a la justicia comunitaria) para instar a España a acelerar el proceso. Dictamen que llegó tan solo dos meses después de que Bruselas denunciara a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por tener abiertos 31 vertederos ilegales que debían llevar años cerrados.

Un año después, en 2015, el Ejecutivo comunitario denunció a España ante la justicia europea por no haber tomado medidas en 61 de los 63 vertederos incontrolados, situados en Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

Los esfuerzos de España por enmendar su mala relación con la CE, lo llevó a crear en 2013 el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 en 2015, cuyo propósito es “impulsar las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y promueva las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que aseguren que España cumple con los objetivos legales”, pero o bien no fue suficiente o bien no se tomó las advertencias de Bruselas demasiado en serio.

Así, el pasado mes de marzo el Tribunal de la UE volvió a dar un toque de atención a España por seguir incumpliendo sus obligaciones en lo relativo al tratamiento de los residuos. Pero esto no termina aquí. La Comisión Europea inició el pasado 17 de mayo un procedimiento de infracción contra España por no aplicar las normas europeas en materia de residuos. Según Europa Press, Bruselas reclama la obligación de “informar a la institución sobre el grado de puesta en marcha de las normas que afecten a la gestión de residuos”, teniendo un plazo de dos meses para responder a la petición del Ejecutivo. Si la Comisión no se da por satisfecha, podrá elaborar un dictamen motivado y un ultimátum con el fin de que corrija la situación. Si la infracción persiste, Bruselas podría llevar de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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